El pasado 27 de abril, el Ministerio de Educación y los rectores anunciaban los cambios acordados para la Selectividad que regirá los procesos de acceso a la Universidad en los próximos años. Después de las elecciones regionales del verano pasado, el poder del PP en la comunidades autónomas se vio reducido considerablemente, aparcando las reglas para la futura reválida de bachillerato que contempla la LOMCE.
Tras las elecciones generales de diciembre y con nuevos comicios ya a la vista, el equipo que dirige actualmente Iñigo Méndez ha negociado una nueva prueba de acceso a contrarreloj. Una prueba cuyas líneas principales se parecen mucho a las que se vienen aplicando. Lo único que se mantiene, tal y como recoge la ley, es la reválida que los estudiantes deberán aprobar para obtener el título de bachillerato. De esta forma, queda descartado de manera definitiva el examen tipo test que se incluía en el anterior borrador y que se generalicen las pruebas que propias que la LOMCE permite realizar a cada universidad para seleccionar a sus alumnos.
Prueba única pero flexible
El objetivo de los cambios que se están llevando a cabo en la prueba de acceso a la universidad es crear una normativa general que garantice una única prueba en todo el territorio nacional y que al mismo tiempo brinde la flexibilidad suficiente para que cada comunidad autónoma pueda desarrollar los exámenes dentro de su región. Con lo cual, la nota obtenida seguirá sirviendo a los estudiantes para acceder a cualquier universidad que deseen.
Por otro lado, hay que recordar que la ley permite que cada universidad pueda establecer sus pruebas de acceso propias además de la selectividad. Aunque la mayoría de las universidades ya ha afirmado que no pondrá en marcha estos procesos propios para evitar la segregación del alumnado en función de sus recursos económicos, ya que no todos podrían permitirse realizar diferentes pruebas en varias universidades de España.
8 asignaturas: 5 obligatorias, 2 optativas, 1 específica
Los alumnos deberán examinarse de ocho asignaturas: cinco obligatorias, dos optativas y una específica. Siendo la puntuación final el resultado del 60% de la calificación obtenida en la selectividad y del 40% del expediente de bachillerato, como se viene realizando ahora. Además, la puntuación máxima seguirá siendo 14. La diferencia es que se ponderarán varias materia en función de lo que el alumno quiera estudiar. En cuanto a al sistema de preparación y evaluación de los exámenes, serán las Comisiones de Evaluación de las comunidades autónomas las encargadas de hacerlo. Actualmente las comunidades diseñan los exámenes y establecen la duración de las pruebas, pero con la nueva ley se pretende determinar el tipo de preguntas, el tiempo de duración y su proporción en función de unos estándares de aprendizaje establecidos para cada materia.
En la propuesta inicial se pretendía que el examen fuera igual y que se realizara en el mismo día en todo el territorio nacional, pero al ser muy complicado, será cada comunidad la que elabore las preguntas y establezca la fecha de realización, pero será el gobierno el que determine las características, el diseño y los contenidos de las pruebas.
Este nuevo sistema se aplicará por primera vez en junio de 2017 y, aunque no tendrá efectos académicos (si el alumno suspende, podrá obtener el título de bachillerato), la nota si contará para acceder a la universidad. Todo esto suponiendo que siga gobernando el PP en la próxima legislatura. De lo contrario, el sistema podría volver a experimentar cambios de los que te iremos informando en TopFormacion.
